Cuba ofrece ahora al inversor extranjero algo que durante décadas se negó a concederle: mayor autonomía para contratar trabajadores, manejar divisas, escoger socios privados y explotar determinados activos estatales. El paquete de reformas aprobado recientemente modifica algunas de las reglas más cuestionadas de la Ley de Inversión Extranjera.
La apertura, sin embargo, llega cuando el riesgo país se encuentra en niveles elevados. La economía cubana necesita capital, tecnología y acceso a mercados, pero arrastra impagos, inestabilidad regulatoria, una grave crisis energética y un aumento sustancial de las sanciones estadounidenses.
El Cuba Study Group, una organización con sede en Washington que promueve reformas económicas y una mayor participación del sector privado en la isla, señala que sin derechos de propiedad seguros, estabilidad normativa y una hoja de ruta verificable, Cuba seguirá resultando atractiva únicamente para los inversores dispuestos a asumir riesgos extraordinarios.
Asociarse con empresas privadas cambia el mapa
Una de las reformas más relevantes autoriza al capital extranjero a asociarse con empresas privadas y cooperativas cubanas. Hasta ahora, los negocios bajo la Ley 118 dependían casi siempre de una contraparte estatal.
La apertura permite crear empresas mixtas, firmar contratos de asociación económica internacional y financiar proyectos junto a mipymes cubanas. Para una compañía extranjera, esto amplía la búsqueda de socios hacia negocios locales con experiencia en distribución, tecnología, alimentos, transporte, construcción y servicios.
El potencial no es menor. Un estudio del Cuba Study Group señala que más de 11.000 mipymes fueron autorizadas en los tres años posteriores a su reconocimiento legal. Alrededor del 60 % surgió como emprendimientos nuevos, no como simples conversiones de trabajadores por cuenta propia. El socio privado cubano puede ser eficiente y conocer el mercado. También opera dentro de un espacio cuya amplitud continúa dependiendo de decisiones políticas.
Contratación directa, una concesión decisiva
La eliminación de las agencias empleadoras estatales responde a una demanda histórica. Las compañías extranjeras podrán seleccionar y contratar directamente a su personal, negociar salarios y diseñar incentivos.
El sistema anterior obligaba al inversor a pagar en divisas a una entidad estatal, mientras el trabajador recibía su remuneración en pesos cubanos. Además de encarecer la nómina, el mecanismo dificultaba atraer y retener profesionales.
La contratación directa ofrece mayor control sobre un componente esencial del negocio. Esto resulta especialmente importante tras años de emigración de trabajadores cualificados.
No obstante, todavía deben precisarse las regulaciones laborales complementarias. Para calcular correctamente los costos, el inversor necesitará saber qué obligaciones conservará frente al Estado, cómo se realizarán los pagos en divisas y qué reglas se aplicarán a la terminación de contratos.
Más autonomía financiera frente a un viejo problema
Los negocios con capital extranjero podrán abrir cuentas bancarias en el exterior sin solicitar autorización previa, aunque deberán informar al Banco Central y a la administración tributaria. También se les promete mayor disponibilidad sobre sus ingresos en divisas y acceso al mercado cambiario.
Sobre el papel, la reforma mejora la capacidad para pagar proveedores, importar insumos y repatriar utilidades. En la práctica, el problema no ha sido únicamente la autorización legal, sino la falta de liquidez.
El estudio del Cuba Study Group sobre la crisis eléctrica recuerda que en 2025 fueron restringidas cuentas en divisas de empresas extranjeras. Los fondos permanecieron registrados, pero las compañías no podían retirarlos libremente ni transferirlos fuera del país. El informe considera que los impagos y las restricciones cambiarias han creado un entorno especialmente adverso para el capital, incluso cuando existen protecciones contractuales.
Para el inversor, por tanto, la posibilidad de abrir una cuenta fuera de Cuba solo será útil si las autoridades permiten alimentar esa cuenta con los ingresos generados por el negocio.
La crisis eléctrica es un costo empresarial
Cualquier análisis de inversión en Cuba debe incorporar el costo de la energía. Los apagones interrumpen producciones, dañan equipos, encarecen la refrigeración y obligan a importar generadores, combustible, paneles solares o baterías.
El Cuba Study Group calcula que cerrar la brecha de generación requeriría al menos 6.600 millones de dólares, sin incluir la modernización de las redes de transmisión, distribución y almacenamiento. La magnitud del déficit convierte al sector energético en una oportunidad de inversión, pero también en una advertencia.
El Parque Solar de Mariel ofrece un precedente incómodo. El proyecto de 62 megavatios, desarrollado por Hive Energy y Shanghai Electric, contaba con un acuerdo de compra de electricidad durante 25 años y pagos aparentemente garantizados. Pese a operar con buenos niveles de eficiencia, sus inversores buscaron venderlo poco después de iniciar la explotación comercial.
Según el estudio, el caso demuestra que un contrato sólido no basta si el comprador estatal carece de las divisas necesarias para cumplir sus compromisos.
Para futuros proyectos energéticos, el capital extranjero necesitará garantías externas, tarifas capaces de cubrir costos y mecanismos de pago que no dependan exclusivamente de la liquidez cubana.
Turismo e inmuebles amplían oportunidades y litigios
Cuba permitirá derechos de superficie de hasta 99 años y usufructos superiores a 50. También incorpora arrendamientos turísticos, concesiones, desarrollos inmobiliarios, gestión de marinas, agencias de viajes extranjeras y alquiler de vehículos.
Los plazos más largos mejoran las posibilidades de amortizar proyectos. Sin embargo, todo activo inmobiliario exigirá una investigación rigurosa sobre su titularidad.
La Corte Suprema estadounidense amplió este año la interpretación del Título III de la Ley Helms-Burton. Una compañía puede enfrentar demandas si utiliza o se beneficia de una propiedad nacionalizada, aunque no posea formalmente el inmueble.
A ello se suman las numerosas sanciones impuestas por la Administración Trump contra entidades estatales que controlan hoteles, puertos, bancos y redes comerciales. Una inversión autorizada por La Habana puede ser rechazada por bancos, aseguradoras o proveedores internacionales.
La implementación será la verdadera reforma
El Gobierno promete menos burocracia, plazos más breves y decisiones descentralizadas. Si una entidad no responde dentro del término establecido, se consideraría que acepta la solicitud.
El Cuba Study Group ha señalado que muchas políticas cubanas fracasan precisamente durante su implementación. Los retrasos de empresas estatales encargadas de importaciones y exportaciones pueden detener suministros y paralizar negocios con poco margen financiero.
Ese historial obliga a diferenciar anuncios, aprobaciones y capital ejecutado. La Zona Especial de Desarrollo Mariel había acumulado 3.200 millones de dólares comprometidos hasta finales de 2023, pero solo algo más de 1.000 millones se había materializado.
Cuba ha mejorado formalmente su oferta al inversor extranjero. La contratación directa, las alianzas con empresas privadas y la apertura de cuentas exteriores corrigen obstáculos reales.
Pero la reforma decisiva no será la que aparezca en la Gaceta Oficial. Será aquella que permita operar sin cambios arbitrarios, cobrar a tiempo, repatriar beneficios y defender un contrato ante una institución verdaderamente imparcial. Hasta que esas garantías funcionen, Cuba continuará ofreciendo oportunidades importantes dentro de uno de los entornos empresariales más complejos del Caribe.
Foto de la portada: tomada de Depositphotos.com
